Bases Legales

                La Universidad Politécnica toma como marco de referencia las leyes, reglamentos y     normativas vigentes, sin dejar de considerar la visión de la formación de los nuevos ciudadanos y ciudadanas.

En este sentido, se parte de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), la cual establece en su articulado los Derechos Culturales y Educativos:

1. El derecho de la educación como servicio público.

2. El rescate de valores culturales, ética del trabajo, identidad nacional y visión global de nuestro entorno ambiental.

 3. La idoneidad académica de quienes ejercen el programa de formación docente.

4. La capacidad institucional para ser centro de investigación, innovación y aplicaciones científicas, tecnológicas y de los servicios de información, como elemento clave en la contribución del desarrollo económico, social y político del país. Con ello se pretende la integración y adaptabilidad institucional a las necesidades del país.

La Ley Orgánica de Educación (1980) en cuanto a:

1. La responsabilidad del Estado en el respeto al derecho de la educación y la visión axiológica del hombre en el desarrollo de una conciencia ciudadana particular en pro del hombre colectivo.

2. Finalidad académica de la Educación Superior, en el proceso de formación integral del hombre al servicio de la sociedad.

La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2005).

La Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior publicada en Gaceta Oficial N° 38.272 de fecha 14 de Septiembre del 2005, como soporte jurídico de una real manifestación de la vinculación Comunidad-Universidad para fomentar valores de solidaridad, ciudadanía, conciencia crítica, ética y estética, compromiso, participación social y trabajo cooperativo, como parte del proceso de complementación de la formación integral en un intercambio de saberes y la continuidad del compromiso del nuevo profesional en el devenir histórico-social.

Resolución 192 de fecha 13 de Octubre de 1999 del antiguo Ministerio de Educación Cultura y Deporte, que declara la emergencia del servicio público de las instituciones de educación superior.